Redacción ElAyacuchano
Por: Clara Chirinos. CNP: 26.481. @ciudadenlinea 30 de agosto del 2026.
A Juan le pesaron más los recuerdos que la bolsa de ropa con la que cruzó el último lomo de sabana. Detrás, quedó el conuco donde su abuelo había enterrado el ombligo y los abuelos de sus abuelos habían hablado con los espíritus del río.
Nadie sale de su tierra por gusto. A Juan y demás familias de una comunidad indígena del Territorio Ancestral Mapoyo los sacaron con la urgencia de huir de un incendio, pero aquí el fuego no tenía llamas: tenía fusiles que nadie nombra por miedo a amanecer boca abajo.
En Bolívar, la orden fue implacable por los grupos irregulares, que controlan el lugar, que decidieron que los pobladores ya no cabían allí.
El Estado Venezolano tiene leyes sobre los derechos de los pueblos originarios, pero en esta oportunidad estuvo ausente ante este desplazamiento de esta comunidad, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.
No fue un accidente de tránsito ni una pelea de vecinos. Fue el síntoma grave de una enfermedad que viene devorando la frontera colombo-venezolana desde hace años y que toca las entrañas del estado Amazonas.
Si alguien quiere entender cómo se fabrica este silencio, tiene que viajar mentalmente al Municipio Autana de Amazonas, y recordar el rostro de Virgilio Trujillo.
Virgilio era joven, tenía la mirada de los hombres que crecen mirando el horizonte de la selva y pertenecía al pueblo Huottuja.
Años atrás, cansado de las dragas de la minería ilegal y el mercurio envenenando el agua de su territorio, decidió ayudar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a desmantelar los campamentos clandestinos en Autana.
Creyó que las leyes y el Estado lo respaldarían. Pero poco tiempo después a Virgilio lo cazaron. Lo encontraron sin vida, con señales de una tortura para mandar un mensaje a la Amazonía: el que toque el negocio de los irregulares, paga con su carne.
Han pasado años, las carpetas se acumulan en escritorios de tribunales donde no pasa nada. Los victimarios siguen caminando libres por las mismas trochas donde antes cazaban dantas
Lo que pasa en Bolívar y en Amazonas es un engranaje de terror. En estos territorios, en frontera con Colombia, los grupos armados mandan con dinero y balas.
Los jóvenes como los de la comunidad Mapoyo o los muchachos de las riberas del Orinoco, ven cómo sus tierras se convierten en canteras ilegales.
A las mujeres les toca callar ante los abusos en los campamentos mineros. Los capitanes de la comunidad se enfrentan a un dilema imposible: o son sirvientes de los irregulares, se van con lo puesto cargando con niños en brazos o la muerte llega a tocarles la puerta.
Mientras tanto, las autoridades nacionales repiten discursos de soberanía, mientras los fusiles extranjeros y bandas locales deciden quién come, quién camina y quién muere en tierra venezolana.
Hoy, el pueblo ancestral camina por las carreteras del sur con el dolor del desarraigo, sumándose a la lista invisible de desplazados de una guerra que el país prefiere ignorar.
El peligro ya no es sólo que pierdan sus conucos o sus techos, sino el etnocidio. Porque cuando a un pueblo indígena lo desuellan de su territorio ancestral, no lo están mudando de casa; le están arrancando la memoria, su idioma y el alma.
Y en la Selva Venezolana, cuando se apaga la última fogata de los verdaderos dueños del territorio, lo único que queda es el reino absoluto de las armas.
